Espionaje doméstico y legalidad en la era Bush
Espionaje doméstico y legalidad en la era Bush
Viejo fascismo
Antes, digamos hace una década, cuando hablábamos de un fascismo, independientemente de las singularidades de cada caso y de las diferencias intrínsecas entre regímenes, en general nos referíamos a gobiernos paranoicos, herméticos y represivos que espiaban a sus ciudadanos, a líderes fanáticos que justificaban el ejercicio del poder con dogmas religiosos (usados para enardecer al público y crear vínculos imaginarios entre la autoridad y lo sacro, así como para combatir al conocimiento científico y a la libertad de pensamiento), a jefes de estado que nutrían el temor permanente y denunciaban compulsivamente la amenaza de enemigos (internos y externo) que deseaban destruir a la nación, a estados que promovían el culto de la guerra y la mitología del sacrificio honroso de las armas para alimentar la maquinaria bélica de sus guerras de agresión y a políticos que tomaban el poder en elecciones fraudulentas, con la ayuda de jueces y familiares (especialmente si son gobernadores o expresidentes).
Recientemente algunos gobiernos occidentales han dado un giro al término fascismo para aplicarlo al islam político, a los grupos fundamentalistas que han bautizado como islamofascistas. Al mismo tiempo podríamos señalar que algunos de estos mismos gobiernos, como el de George W, Bush y sus neocones, cumplen con las condiciones que definían al fascismo. Pero así como es ridículo el simplismo que reduce a fascismo un fenómeno complejo y diverso como el islam político, sería absurdo afirmar que los Estados Unidos son hoy un país fascista. El caso de esta nación es único, se trata de la primera potencia mundial, un gigantesco magneto de inmigrantes y un imperio capaz de generar y acoger una enorme diversidad de expresiones culturales y de tolerar la disidencia. Aunque Bush haya expresado su privilegiada relación con el todopoderoso (como en junio del 2003, cuando en una reunión con líderes palestinos aseguró que dios le había dicho que debía invadir Irak y atacar Afganistán como parte de una misión divina de paz para el medio oriente, para garantizar la seguridad de Israel y un estado para los palestinos) y haya emprendido una genocida “guerra contra el terror”, sin límites espaciales ni temporales, sería absurdo comparar a los EUA con los regímenes represivos caricaturescos de Corea del norte o Arabia Saudita. La realidad aquí es mucho más compleja y mucho más cosmética.
Esquizofrenia
A diferencia de los gobiernos represivos tradicionales, en los EUA la población tiene un acceso amplio a la información, por lo que tenemos que suponer que el público ha optado por aceptar la propaganda, tal vez por negligencia pero en muchos casos con el convencimiento de que en este tiempo de guerra es razonable renunciar a las libertades a cambio de una fantasía de seguridad. Una encuesta reciente de New York Times/CBS reveló que 64% de los estadounidenses están preocupados por la pérdida de las libertades civiles como resultado de las medidas antiterrorismo puestas en efecto por el presidente Bush. Pero al mismo tiempo el 53% aprueba que el estado espíe a los ciudadanos sin las órdenes judiciales adecuadas para “reducir la amenaza del terrorismo”. Aún más inquietante es la encuesta del LA Times/Bloomberg, que encontró que sólo el 43% de los estadounidenses aprueban el desempeño de Bush, pero a la vez más de la mayoría siguen creyendo que él ha logrado que el país sea más seguro a pesar de haber invadido dos países. Es como el propio Bush declaró el 11 de septiembre de 2006: “estamos más seguros pero aún no estamos seguros”.
El fin de la privacía
El precio de la seguridad incluye renunciar a la noción de que las conversaciones telefónicas o comunicaciones electrónicas personales sean privadas. La existencia de un programa de espionaje contra la población fue revelada en diciembre de 2005 por el New York Times y más tarde por el diario USA Today, el cual dio datos adicionales acerca de las técnicas de obtención y procesamiento de información (conocidas como data-mining) con la que se analizaban millones de conversaciones telefónicas y emails. Desde octubre de 2001, Bush autorizó personalmente a la NSA (National Security Agency) llevar a cabo un programa secreto y ambicioso de espionaje en los EUA, el cual fue refrendado más de tres docenas de veces. Tras la revelación el gobierno declaró inicialmente que el programa tan sólo permitía a la agencia monitorear llamadas telefónicas internacionales y correo electrónico de sospechosos situados dentro de los EUA. Más tarde se supo que el programa permitía mucho más que eso y que las principales compañías de telecomunicaciones dieron al gobierno acceso a sus registros telefónicos. En teoría la muy secreta NSA, creada en 1952 por el entonces presidente Harry Truman, tan sólo estaba autorizada para realizar operaciones de espionaje fuera del territorio de los EUA así como llevar a cabo operaciones en el interior del país en contra de embajadas, misiones y figuras extranjeras. Pero no debería de sorprender a nadie que la agencia que ha espiado a activistas antibélicos, militantes de los derechos civiles, vendedores de drogas y comunistas, se dedique ahora a espiar musulmanes. El gobierno de Bush al ser descubierto in fraganti optó por buscar represalias, primero acusando al Times de traición a la patria y luego tratando de arrestar a los periodistas responsables.
Durante los meses siguientes el Congreso debatió la legalidad del programa. Algunos pensaban que el presidente tenía la autoridad para ordena una acción como esta en base a una presunta amenaza a la seguridad nacional. Otros en cambio aseguraban que precisamente para evitar este tipo de abusos se había firmado la Ley de inteligencia de vigilancia extranjera de 1978 (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA), la cual permite al gobierno llevar a cabo este tipo de acciones con la aprobación de ordenes emitidas por un tribunal especial. En julio pasado la juez federal Anna Diggs Taylor, de Detroit, dictaminó que el programa de espionaje de la NSA violaba la Primera enmienda constitucional (que garantiza la libertad de expresión, reunión y culto) y la Cuarta (que concierne al derecho del pueblo a proteger sus personas, casa, documentos y pertenencias de ser cateados y confiscados de manera irracional y garantiza que no se darán órdenes de cateo sin contar con “causas probables”), la separación de poderes y la ley FISA, por lo que exigió que el programa fuera detenido de inmediato, ya que: “No hay reyes hereditarios en los EUA y no existen poderes que no sean creados por la constitución”. El gobierno de Bush acusó a la juez de “no saber en que mundo vive”. El republicano, Peter Hoekstra, dijo que la juez había, ella sola, “desarmado a los EUA en tiempos de guerra”. El gobierno apeló el dictamen y el caso seguramente terminará en la Suprema corte de justicia, la cual ya cuenta con dos nuevos miembros seleccionados por el propio Bush: John Roberts y Samuel Alito. Resulta muy revelador también que el general Michael Hayden, el director de la NSA que estuvo a cargo de estas operaciones de espionaje, fue nombrado director de la CIA.
Competencia de escándalos
La importancia de este caso de espionaje se vio opacada por numerosos escándalos y debates en torno a la legalidad de los juicios militares para los “combatientes enemigos” y aún más relevante, un juez determinó que dichos combatientes debían ser tratados de acuerdo con las normas de la Convención de Ginebra de 1949, contradiciendo lo que Bush y su gabinete venían afirmando desde el inicio de la “guerra contra el terror”. Así mismo, en septiembre Bush finalmente confirmó la existencia de prisiones secretas en diversos países del mundo. Paradójicamente esta confesión parece una nueva argucia. En un momento en que aumentaba la presión mundial para obligar al gobierno estadounidense a cerrar la prisión de Guantánamo, aceptar la existencia de mazmorras hiperclandestinas que operan fuera de cualquier noción de justicia internacional y derechos humanos, hace que la prisión en suelo cubano parezca “más aceptable”. Bush añadió que los principales presos de la guerra contra el terror que estaban en esos centros de detención clandestinos serían trasladados a Guantánamo.
Bush y la legalidad
Después de un par de tropiezos legales, el gobierno de Bush trató de retomar las riendas al proponer una ley mucho más agresiva que situara a Guantánamo y otras prisiones similares en un agujero negro legal. Ésta permitirá el uso de evidencias secretas, negará a los acusados el derecho de estar presentes en su propio juicio y determinará que la conspiración es un crimen de guerra. Esta ley volvería legales las “técnicas de interrogación expandidas” (léase tortura) como pueden ser: amenazas en contra de la familia del detenido, privación prolongada del sueño, hipotermia y posiblemente también water-boarding (ahogamiento fingido).
Por otro lado, el gobierno de Bush se ha caracterizado por su uso desenfrenado de los llamados signing statements (o declaraciones de firma), que son documentos que se adjuntan a las leyes aprobadas por el presidente para señalar excepciones, restricciones y a veces virtuales cancelaciones de la ley en cuestión. Bush ha empleado más signing statements que todos los presidentes de los EUA pasados juntos. El caso más notable fue cuando firmó una ley aprobada por el Congreso que prohibía el trato cruel, inhumano o degradante de todos los prisioneros detenidos por los EUA, pero firmó un signing statement que le permite interpretar de manera independiente cada caso y burlar la prohibición del uso de la tortura cuando le parezca adecuado.
Seguridad o privacía o ninguna de las dos
Desde el 11 de septiembre de 2001 los medios electrónicos estadounidenses han seguido el modelo de la beligerante Fox News y de las estaciones de radio de extrema derecha por temor de parecer poco patrióticos. A pesar de este diluvio propagandístico más de la mitad de la población ha logrado entender que la guerra de Irak fue un error, una aventura de un grupo de fanáticos que no tenía nada que ver con los ataques terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono ni con supuestas armas de destrucción masiva. Pero los grandes medios no han aprendido la lección y en su delirante servilismo las cadenas de televisión y buena parte de los principales medios informativos de los EUA han presentado al público el dilema: seguridad o privacía.
La ley FISA que protege a los ciudadanos de ser objeto de espionaje prevé que se puede espiar a alguien por 72 horas sin autorización de un juez en caso de tener sospechas razonables. Por tanto no hay necesidad de espiar sin la autorización de un juez. Pero al presentar un debate ficticio entre seguridad y privacía (siguiendo el guión dictado por la casa Blanca) los medios han jugado una vez más su parte en la validación de la ilegalidad de las medidas represivas del gobierno actual, el cual sabe que al transgredir estas leyes lo que está haciendo es crear un nuevo orden en el que la legalidad es cualquier cosa que Bush quiera que sea.
